Aspectos generales
La Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional en Bolivia reconoce en su artículo 30 II (15) que “las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevé medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa y obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.”
El Proyecto busca contribuir a la construcción e implementación de un marco normativo e institucional para el ejercicio efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígena originario campesinos (PIOC), y desarrollar capacidades en servidores públicos y organizaciones indígenas que les permitan el ejercicio de un genuino diálogo intercultural para la implementación de derechos colectivos, en concordancia con lo establecido en el Convenio núm.169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De esta manera, se proveerá asistencia técnica y se brindará acceso a experiencias nacionales e internacionales para la elaboración y discusión de medidas legislativas y normativas; se facilitará espacios de consulta, diálogo y concertación; se brindará capacitación sobre el derecho a la consulta dirigida a servidores públicos, representantes de organizaciones indígenas y otros sectores que tienen que ver con los pueblos indígenas, garantizando la presencia y participación en la toma de decisiones de las mujeres de acuerdo a sus intereses y necesidades; se realizará el monitoreo de procesos de consulta con potencial de efecto demostrativo y se fortalecerá las capacidades de algunos pueblos indígenas altamente vulnerables de representar sus intereses.
Por lo tanto este proyecto responde tanto a las demandas crecientes de los pueblos indígenas de Bolivia, como del propio gobierno que ha anunciado públicamente su decisión para la implementación sistemática del derecho a la consulta. Esto se apoya en la aplicación de la Constitución Política del Estado y las obligaciones de Bolivia que derivan de su adhesión al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este Programa Conjunto es administrado por el Multi-Partner Trust Fund Office (MPTF Office) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de acuerdo con sus regulaciones financieras.
Estrategia de asistencia
El objectivo general del proyecto es contribuir a la efectiva aplicación con enfoque de género del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígena originario campesino (PIOC) en todos los ámbitos del desarrollo que pudiesen afectar a sus derechos, en concordancia con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los objectivos específicos se resumen de la siguiente manera:
- Apoyar al Estado y a las organizaciones representativas de los PIOC, con atención especial a mujeres, en la elaboración participativa y concertada del marco legislativo y normativo relativo al derecho a la consulta de los PIOCs y para la protección de los pueblos indígenas altamente vulnerables, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
- Contribuir al desarrollo de capacidades de las instituciones públicas y organizaciones representativas de los PIOC para garantizar la aplicación efectiva con enfoque de género del derecho a la consulta previa, libre e informada.
El proyecto se implementará en forma conjunta por un grupo de agencias que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. Estas incluyen: PNUD, OACNUDH, OIT, UNFPA, UNICEF, PMA, ONU Mujeres y OPS/OMS quienes conforman el Grupo Técnico Interagencial sobre Interculturalidad (GTI) del SNU en Bolivia.
Las principales actividades previstas son las siguientes:
- Brindar asistencia técnica experta, sistematizar las experiencias nacionales y facilitar el intercambio con experiencias internacionales relevantes.
- Apoyar la realización de procesos de capacitación sobre el derecho a la consulta dirigida a servidores públicos, representantes de organizaciones indígenas y otros sectores que tienen que ver con los pueblos indígenas.
- Promover espacios de diálogo y concertación al interior de las organizaciones indígenas, y entre las organizaciones indígenas, el gobierno, la Asamblea Legislativa y otros sectores interesados, garantizando la presencia y participación de las mujeres.
- Realizar actividades de difusión sobre los alcances del derecho a la consulta dirigidas a la opinión pública, organizaciones de la sociedad civil y comunidades rurales.
- Proveer asistencia técnica y monitorear procesos de consulta que garanticen la participación de mujeres y con potencial efecto demostrativo, en los ámbitos del diseño de políticas públicas, provisión de servicios públicos y elaboración de proyectos de desarrollo territorial.
- Fortalecer las capacidades de pueblos indígenas altamente vulnerables de representar sus intereses, garantizando la presencia y participación en la toma de decisiones de las mujeres de acuerdo a sus intereses y necesidades.
En este marco, se considera como contrapartes principales del proyecto a la CIDOB, CONAMAQ y otras organizaciones indígenas originarias y campesinas de Bolivia interesadas, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y las instancias del órgano ejecutivo más estrechamente relacionadas con el tema (Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Culturas a través del Vice ministerio de Descolonización, Escuela de Gestión Pública, Universidades públicas, indígenas y privadas). En los ámbitos donde sea relevante, se propiciará también la participación activa de las organizaciones de empleadores/as y de trabajadores/as. El principio básico que guiará todas nuestras intervenciones será de fortalecer el diálogo de buena fe entre los/as actores/as, velando por la representación equitativa de mujeres y la participación e inclusión de las necesidades y los derechos de la niñez, adolescencia y personas adultas mayores.
Arreglos de Gestión
El proyecto conjunto se implementará bajo la modalidad de financimiento pass through, con la Oficina MPTF del PNUD como Agente Administrativo. Las agencias que participarán en la ejecución del presente proyecto son PNUD, OACNUDH, OIT, UNFPA, UNICEF, PMA, ONU Mujeres y OPS/OMS quienes conforman el Grupo Técnico Interagencial sobre Interculturalidad (GTI) del SNU en Bolivia. Cada una pondrá a su disposición sus capacidades y experiencias respectivas en las diferentes temáticas que manejan.
La OACNUDH y la OIT apoyarán los procesos de asistencia técnica para el desarrollo legislativo y normativo, capacitación sobre alcances de los instrumentos internacionales, y metodologías de consulta. Estos procesos se basaran sobre los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas que son el Convenio OIT 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos se complementan y constituyen la base legal del derecho a la consulta.
El PNUD, a partir de su experiencia, contribuirá en la promoción de espacios de diálogo y concertación y para la construcción de capacidades institucionales, poniendo al servicio del proyecto los acuerdos de cooperación ya establecidos con las organizaciones indígena originaria campesinas nacionales, con el Ministerio de Gobierno y con la Asamblea Legislativa. UNICEF, UNFPA, PMA y OPS aportarán con su experiencia en la elaboración de diagnósticos con enfoque intercultural y lecciones aprendidas sobre la situación de pueblos indígenas en diferentes regiones del país y en la promoción de procesos de desarrollo local y regional, basados en la amplia participación de las comunidades, incluyendo niños y jóvenes. ONU Mujeres velará para que la transversalización del enfoque de género se haga efectiva en todos los resultados y las actividades del proyecto.
Se creará un Comité de Gestión del proyecto conformado por los Jefes de las agencias participantes y que estará a cargo de aprobar los planes de trabajo del proyecto y tomar decisiones políticas, en reuniones que se convocarán de acuerdo a necesidades. Cada agencia designará también un punto focal que participará en el GTI y cumplirá las funciones de enlace, coordinación y seguimiento de las actividades del proyecto.
La coordinación general del proyecto será responsabilidad de la Coordinadora Residente; la coordinación operativa será responsabilidad del PNUD quien actuará de agente de administración y coordinación del proyecto y tendrá la responsabilidad, entre otras, y en coordinación con las agencias, de proponer fechas y agendas para las reuniones del comité de gestión. En consecuencia de ello, las comunicaciones con los donantes relativas a este proyecto serán canalizadas a través del PNUD, de acuerdo al esquema de coordinación detallado arriba.
Agente Administrativo
El Multi-Partner Trust Fund Office (MPTF Office) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sirve como Agente Administrativo (AA) del Programa conjunto. El AA es responsable por concluir acuerdos administrativos estándar (SAAs) con los donantes y Memorándum de Entendimiento (MOU) con las Organizaciones participantes de Naciones Unidas.
