Este proyecto se propone acelerar la entrega de indemnizaciones a víctimas en zonas estratégicas para la Estrategia de Respuesta Rápida ERR, especialmente las seleccionadas para el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla, como la forma de dar un mensaje claro de equidad entre víctimas y victimarios, y contribuir al objetivo de generar confianza en el Estado y promover un desarrollo social sostenible que promueva el respeto y mitigue los riesgos que pueda ocasionar el uso de la indemnización en el medio ambiente una vez finalizado el proyecto..

Aunque el centro de la propuesta es la entrega de las indemnizaciones, la experiencia de la Unidad para las Víctimas dicta que debe enmarcarse en un proceso de acompañamiento integral con enfoque diferencial y de género, que permita a las víctimas su recuperación emocional, la reconstrucción de su proyecto de vida, y apoyo y orientación para la inversión de los recursos con respeto por el medio ambiente y desarrollar acciones de satisfacción que contribuyan a restablecer la dignidad de las víctimas. Esto se hará de manera articulada con los gobiernos e institucionalidad local y nacional, a fin de lograr que se fortalezcan las capacidades en materia de la reparación a las víctimas.

Las entidades aliadas son la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, en adelante Unidad para las Víctimas, la Alta Consejería para el Posconflicto ACP (gubernamentales) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Internacional para las Migraciones OIM (agencias del Sistema de Naciones Unidas). Tiene una duración de 18 meses, cobertura de 50 municipios y la población meta de aproximadamente 35.000 víctimas (hombres y mujeres). El costo del proyecto es de US$56.499.772, con una contrapartida de US$52.153.200.