El Acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP incluye un apartado diferenciado para las acciones humanitarias de generación de confianza contempladas en el Comunicado No 62, en el “…Que el Gobierno Nacional acelerará por una parte la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N. en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto”. En el marco de este comunicado, las partes en la Mesa determinaron priorizar la intervención del cementerio de Bellavista (cabecera del municipio de Bojayá), debido a la masacre ocurrida el 2 de mayo del 2002. 

Respondiendo a los derechos de la totalidad de familiares de las víctimas fatales de la masacre, el presente programa pretende apoyar la intervención no sólo del cementerio de Bellavista, sino también de  los otros lugares de inhumación, correspondientes al corregimiento de Pogue y los municipios de Riosucio (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia), en donde se presume se encuentran restos de víctimas de esta masacre.

El apoyo previsto en este programa consistirá en garantizar la participación de las víctimas de forma cualificada y permanente y el acompañamiento técnico forense independiente para los familiares, que permita la comprensión de los procesos de búsqueda, exhumación, identificación, entrega digna e inhumación final de las víctimas mortales.

En el marco de este programa se contará con la articulación y coordinación de una diversidad de entidades, donantes y socios implementadores; entidades gubernamentales como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas  y el Centro Nacional de Memoria Histórica; entidades estatales como la Fiscalía General de la Nación  y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y organismos de cooperación  internacional como ONU Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Esta articulación de entidades y organismos internacionales estará dirigida a garantizar los procesos de exhumación, identificación, entrega digna e inhumación a perpetuidad, en las condiciones fijadas por los familiares víctimas, con el enfoque psicosocial, cultural y diferencial requerido.